“Cuando empezamos a trabajar esta propuesta ya había un bosquejo de proyecto. Nosotros lo retomamos y empezamos a trabajar con los comisionados y la Agencia de Recaudación, que ya prestaba ese servicio con otros actores”, explicó la funcionaria.
Remarcó, en este aspecto, que uno de las principales cuestiones que se buscó incorporar durante el trabajo fue la diversidad de las actividades económicas que se desarrollan en las distintas regiones.
“No es lo mismo un comercio de cercanía, que tiene una determinada realidad, que una actividad que tiene facturación en dólares. Eso quisimos transmitir y por eso tuvo la aprobación en mayoría en la Legislatura”, sostuvo.
En este sentido, Almonacid explicó que el objetivo no es establecer una misma carga para todas las actividades, sino que cada comisión pueda adecuar la aplicación del régimen a sus propias características.
“Tenemos distintas realidades, como cuando hablamos de una empresa que realiza rafting o pesca, por ejemplo, y que puede cobrar sus servicios en dólares. No estamos buscando gravar la actividad, sino el servicio que implica para la Comisión sostener esa propuesta”, señaló.
Actualmente, las comisiones de fomento sostienen la prestación de servicios principalmente con los recursos provenientes de la coparticipación.
