El Gobierno avanza en la reglamentación de la ley que permite la regularización dominial

El ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, explicó que “de esta manera el Estado provincial otorgará seguridad jurídica a los rionegrinos que poseen sus viviendas y que por ser costosos los trámites aún no podían ser propietarios plenos”.

Adelantó que “se prevé comenzar a aplicar el proceso de regularización como prueba piloto en algunas jurisdicciones de la provincia, en el segundo semestre del año”.

Destacó que “con la nueva gestión del IPPV hemos podido avanzar y resolver situaciones que mantenían paralizada esta norma, promulgada en el año 2000”.

La temática se abordó hoy en una reunión de la que participaron el titular del IPPV, Jorge Barragán; el secretario de Gobierno, Félix San Martín y el director del Registro de la Propiedad Inmueble, Nicolás Yanssen.

Participaron además Adrián Otero y Karina Sosa del IPPV, la escribana General de Gobierno, Gabriela Benito y por el Colegio Notarial de la Provincia, el presidente Sergio Manzano y Carlos Matus.

Nicolás Yanssen informó que en función de las pautas definitivas del decreto reglamentario de la ley, se resolvió canalizar las actas de protocolización requeridas para este proceso de regularización dominial en un formato similar a las escrituras que emiten los escribanos para las viviendas del IPPV.

Asimismo, el relevamiento de datos de las personas que reúnan las condiciones de regularización será efectuado por el IPPV o a través de los Municipios, previa capacitación de sus recursos humanos.

Yanssen destacó que “gracias al esfuerzo en común con el IPPV y la buena voluntad de las autoridades del Colegio Notarial, podremos comenzar a aplicar el proceso de regularización como prueba piloto en algunas jurisdicciones de la provincia, en el segundo semestre del año”.

Hay que recordar que la denominada "Ley Pierri" permite acceder a la escritura a aquellos ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad al 1 de enero de 2009, sobre viviendas que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación.

La Ley establece la gratuidad en todos los actos y procedimientos allí contemplados y en ningún caso constituirán impedimentos la existencia de deudas tributarias, impositivas o de tasas que recaigan sobre el inmueble, ya sean de jurisdicción nacional, provincial o municipal, con excepción de la contribución especial del 1% del valor fiscal del inmueble que se prevé para todo el proceso.